El derecho de acceso a la información pública (DAIP), a nivel internacional, se ha consolidado como un componente esencial para garantizar la transparencia y rendición de cuentas gubernamental y promover la participación ciudadana en contextos democráticos. En un principio reconocido por organismos como las Naciones Unidas y plasmado en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, este derecho permite que la ciudadanía acceda a la información en poder del Estado, condición indispensable para ejercer otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, la participación ciudadana y la rendición de cuentas (Ackerman & Sandoval, 2008). En la actualidad, este principio está íntimamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el ODS 16, que promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas a través de instituciones eficaces, responsables y transparentes.