El Acceso a la información pública es un derecho humano que se reconoce universalmente, esto porque es una garantía necesaria para la existencia de una ciudadanía democrática (Vera A. 2015). Este derecho, se puede percibir como un recurso colectivo que funciona como un pilar en los sistemas democráticos, impulsando la participación ciudadana y ratificando el control social de la gestión gubernamental (Benavides Delgado, 2016). El ejercicio correcto del DAIP es un estribo para la rendición de cuentas, así como un mecanismo que previene y hace frente a la corrupción, un elemento esencial para el fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones del Estado.