En el año 2014 el modelo de organización electoral en México sufrió un importante proceso de transformación. Derivado de la evidente disparidad entre la calidad de los procesos electorales federales y los procesos electorales locales se impulsó, desde el gobierno federal, una reforma en materia político-electoral. Se argumentó que la baja calidad de los procesos electorales locales era un reflejo del bajo grado de profesionalización de las autoridades electorales locales, entre las que prevalecían, además, relaciones de dependencia política con las fuerzas políticas locales de las entidades federativas, situación que afectaba seriamente su independencia e imparcialidad. Se asumió que, para atender el problema de la baja profesionalización, independencia e imparcialidad de las autoridades electorales locales, era necesario modificar los mecanismos locales para su integración y funcionamiento. En ese sentido, derivado de la reforma electoral de 2014, se dotó al INE de la facultad para, a través de un proceso público de selección, designar a las y los miembros de los consejos generales de los 32 OPL. Se le asignaron, además, las responsabilidades de capacitación de ciudadanos y ciudadanas integrantes de mesas directivas de casilla, la organización de un Servicio Profesional Electoral Nacional, y se le otorgaron las capacidades de asumir, delegar o atraer la organización de todos los procesos electorales a nivel nacional.