En México, el esquema de asociación público-privada se ha convertido en uno de los principales instrumentos para generar infraestructura y proveer servicios públicos en los tres órdenes de gobierno. Si bien, desde el sexenio de Vicente Fox la colaboración entre sector público y privado fue puesta en marcha por medio de los Proyectos de Prestación de Servicios, fue hasta el año 2012 cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas con el objetivo de generar lineamientos para guiar la aprobación, ejecución y vigilancia de las obras y servicios derivados de este esquema.