La administración pública tiene el propósito de dirigir los servicios que se destinan a contribuir o sustituir las actividades de los particulares, lo anterior para cumplir con la satisfacción de las necesidades colectivas, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, de esta manera cumple con la obtención del bien público temporal. En este sentido, el nivel municipal es el que se encuentra más cerca de la ciudadanía, por lo que, dicha población es la que percibe, de manera directa, la forma en que la administración municipal realiza las actividades en torno a la satisfacción de necesidades de la ciudadanía. Por otro lado, el Derecho a la Buena Administración se refiere a un precepto fundamental que se basa en la forma de gestionar los asuntos públicos a través de la aplicación de la equidad, la objetividad y los plazos razonables. El eje del procedimiento administrativo consiste en la proyección de este derecho en que concurren una serie de principios generales y un repertorio de derechos para la ciudadanía, lo que integra el marco jurídico del ciudadano ante la Administración Pública.