En México, las asociaciones público-privadas han sido utilizadas desde hace algunos años en el ámbito agroalimentario como una respuesta a la pobreza y a los problemas asociados a ella, como es el acceso a alimentos. De acuerdo con datos del coneval, 50.9 millones de mexicanos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.3 en adición, las décadas de abandono al campo han generado insuficiencia en la producción de alimentos, lo cual se muestra en el déficit entre importaciones y exportaciones. Ante esta situación, organismos financieros y de desarrollo han impulsado desde hace más de una década la participación del sector privado en el financiamiento del sector agrícola. Por su parte, gobiernos como el mexicano han generado condiciones institucionales para impulsar las alianzas público-privadas en el campo. En este sentido, el objeto de investigación de este capítulo es un análisis de corte cualitativo sobre dos casos: el fondo de capitalización e inversión del sector rural (FOCIR) y MasAgro. Si bien se han impulsado con gran ahínco las asociaciones público-privadas en nuestro país, la experiencia internacional evidencia las limitaciones de este esquema para asegurar el derecho a alimentos de calidad y para impulsar el bienestar económico y social de la población