Las reformas administrativas, políticas y sociales iniciadas a partir de 1974 en los países de América Latina, correspondientes a la tercera ola de democratización según el modelo de Samuel Huntington, trajeron consigo la apertura de libertades civiles y políticas, las cuales más allá de construir un Estado que garantizara el ejercicio pleno de derechos y fomentara la participación ciudadana en condiciones de igualdad social, el objetivo fue consolidar la democracia liberal como la forma de gobierno predominante tras Segunda Guerra Mundial. En este contexto, los procesos democratizadores fueron más allá de la consecución de derechos formales y procedimientos democráticos, como el voto, lo que implicó, además, una construcción sustantiva de la democracia a través de la conformación de una cultura política orientada a la concepción del poder público como un instrumento de interés general.